Año 2053. Comienza en Argentina el macrojuicio contra los miembros de las comisiones judiciales y los policías que participaron en los desahucios españoles del periodo conocido como “el sexenio trágico” (2008-2013) en que fueron desalojadas medio millón de familias en España.
Los jueces entienden que “las prácticas de desolojo de ciudadanos por la fuerza deben ser consideradas actos de tortura y humillación” y que los cientos de suicidios que se produjeron en ese lustro deben ser considerados asesinatos y sus ejecutores, verdugos. Algunos de los procesados declaran que actuaron “bajo la presión de mantener su puesto de trabajo” y “llevados por una locura colectiva que nos hizo insensibles al sufrimiento de nuestros vecinos”.
El macrojuicio se convierte en un remake de Nuremberg y también los bancos son juzgados por delitos de lesa humanidad. El proceso es considerado un peldaño más en el camino del reconocimiento de lo criminal del modelo económico de aquellos años y de la ceguera social que, alimentada por una prensa vendida a los intereses del dinero, impedía verlo.
Al poco de conocerse la noticia, varios colectivos del país piden “pasar página” al considerar que “remover el pasado solo sirve para alimentar rencores”. Son los mismos que hace cincuenta años trataron de impedir que se juzgaran los crímenes del franquismo.