¡Condenados!

Ojalá esta noticia fuese como todas las que llevamos publicando desde el año 2006, es decir, falsa. Pero no, parece ser, como informó el pasado martes en el diario Canarias7 el periodista Carlos Inza en absoluta primicia (tanta que ni siquiera nosotros disponemos aún de la sentencia), que la Justicia ha entendido que es un delito que cuesta 19.650 euros publicar una viñeta en la que nos cuestionamos que un fiscal posea una vivienda ilegal en Lanzarote, en un Plan Parcial anulado, y que sea fiscal jefe en el mismo partido judicial en que ejerce como abogado su tío político, pluri-imputado por diferentes casos de corrupción urbanística, Felipe Fernández Camero.

Como ya ocurriera anteriormente con el colectivo Cuadernos del Sureste y con el denunciante del caso de La Bufona, Gonzalo Murillo, la Justicia vuelve a recordarnos que hay asuntos de los que ni siquiera podemos reírnos, aunque ese asunto, esas preguntas, fueran la comidilla de Lanzarote.

A pesar de la sentencia, seguimos pensando que tenemos derecho a preguntarnos sobre el devenir de la cosa pública. Es más, en un país serio ¿no tendría que ser un deber cuestionarse continuamente la gestión de lo público si a lo que aspiramos es a tener ciudadanos despiertos y con conciencia crítica? La libertad de expresión vuelve a estar de luto en esta isla, cuya historia moderna la describe llena de caciques y tupidos velos.

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