San Ginés incauta ahora una pescadería en Valterra “porque no tenía la pesa homologada”

El presidente de Cabildo incautó el pasado viernes una pescadería de Valterra en la que venía comprando calamares desde hacía años y a la que acusa de “manipular la pesa para cobrarle de más”. Según San Ginés, “advertí de la infracción al pescadero en repetidas ocasiones y, entendiendo que no tener la pesa homologada suponía un riesgo para los clientes, a los que estoy convencido de que estafaba igual que a mí, tomé la decisión de incautar la pescadería y ceder su explotación a una gran empresa del sector. Pero tomé la decisión pensando siempre en el interés general”.

Preguntado por los informes técnicos que avalaron la incautación, el presidente ha asegurado que le preguntó a Duchemín, “porque tiene dos cursillos de Microsistemas sobre gestión y tratamiento de productos del mar”, y que este le aseguró que era “perfectamente legal, y que incluso había jurisprudencia al respecto, como el caso de la confiscación de una marisquería en Kiev en 1875 o el famoso asalto a un fish&chips de Bristol en 1915”.

San Ginés también ha confirmado que antes de actuar le consultó al Secretario del Cabildo, pero que su informe verbal consistió en un escueto “a mí no me metas en más líos”, una respuesta que fue interpretada como afirmativa por el presidente, “porque como es fácil de comprobar, no me dijo que no podía”.

Además, para avalar aún más la incautación, el presidente ha asegurado que lleva “meses” recibiendo presiones para resolver esta situación “por parte del Diputado del Común, del Secretario de Defensa de los Estados Unidos y de una señora muy pesada que me suelo cruzar paseando por la avenida del colesterol, por lo que me he visto obligado a tomar esta decisión por muy arriesgada que parezca”.

Por último, San Ginés ha presentado un informe jurídico firmado por Ignacio Calatayud el 1 de enero de 2016 que asegura que, según una sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1982, “el olor a tollo que desprenden algunos establecimientos los hacen susceptibles de adoptar medidas excepcionales para su cierre o clausura”, un extremo que, según el jurista, “avala al cien por cien la incautación de la pescadería”.

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