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Nuestros representantes públicos persisten en su empeño de alcanzar las más altas cotas de miseria, y la última prueba de ello nos llegó la pasada semana de la mano del III Encuentro de Jueces Canarios. Para celebrar el encuentro, que reunió a más de 50 jueces de las islas, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, no encontró un mejor escenario que el hotel Meliá Volcán de Playa Blanca, uno de los veintitantos hoteles ilegales que se encuentran en Lanzarote.

Aunque ya sabemos que el Gobierno de Canarias fue corresponsable en algunos casos de las licencias mal otorgadas (Juan Carlos el Becerro, compañero de partido del ex alcalde de Yaiza, sabe mucho de eso) y que ahora intentan por todos los medios de legalizarlos a base de leyes de medidas urgentes o estafas por el estilo, tener la desfachatez de meter a 50 jueces en un hotel ilegal ya suena a tomadura de pelo.

No sabemos si algún juez asistente al encuentro se sintió incómodo por encontrarse en un establecimiento que, según la Ley, debería estar cerrado al público. Lo que sí sabemos es que muchos ciudadanos, entre los que nos encontramos, nos sentimos doblemente estafados, primero por el hecho de que fuesen construidos, y ahora por la utilización de esos hoteles por parte, precisamente, de quienes los han declarado ilegales.

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